Salud mental, derechos humanos y legislación: orientación y práctica (Guía OMS, 2023)
REPENSAR LA LEGISLACION EN SALUD MENTAL:
La salud mental y el bienestar
están fuertemente asociados con los entornos sociales, económicos y físicos,
así como con la pobreza, la violencia y la discriminación. Sin embargo, la
mayoría de los sistemas de salud mental se centran en el diagnóstico, la
medicación y la reducción de los síntomas, descuidando los determinantes
sociales que afectan la salud mental de las personas.
Demasiadas personas sufren
discriminación y violaciones de derechos humanos cuando buscan atención y apoyo
de salud mental: a algunas se le niega la atención debido a su raza, género,
orientación sexual, edad, discapacidad o estatus social. Otros están expuestos
a servicios de mala calidad y condiciones de vida inhumanas, sin agua potable
ni saneamiento básico o son sometidos a tratos deshumanizantes y degradantes.
La hospitalización y el tratamiento involuntarios, el aislamiento o el
confinamiento solitario y el uso de restricciones también son frecuentes en la
mayoría de los sistemas de salud mental. Las mujeres, las niñas y las personas
con diversas orientaciones sexuales, identidades de género, expresiones de
género y características sexuales (OSIEGCS) pueden enfrentar además prácticas
nocivas, como la esterilización forzada, el aborto forzado y las terapias de
conversión. Las violaciones generalizadas de los derechos humanos y los daños
causados por los sistemas de salud mental han dejado un legado de trauma que
afecta a muchas personas y comunidades y se extiende por generaciones.
Durante los últimos 150 años,
la legislación sobre salud mental ha legitimado y, en algunos casos, facilitado
estas violaciones de derechos humanos: las primeras leyes consolidaron el
paternalismo y el concepto de que las personas con problemas de salud mental y
discapacidad psicosocial son “peligrosas”. Las leyes de salud mental
existentes tienen implicaciones importantes para los derechos humanos, ya que a
menudo están desactualizadas, tienen una comprensión limitada de los derechos
humanos y dependen de un modelo biomédico reduccionista. La legislación
independiente de la mayoría de los países incluye disposiciones para limitar
los derechos, por ejemplo, mediante el internamiento involuntario y el
tratamiento forzado, la inmovilización y el aislamiento. Además, las leyes de
salud mental a menudo refuerzan las estructuras de poder y contribuyen a la
opresión de las poblaciones marginadas. Si bien la adopción de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) ha renovado el
interés en revisar la legislación sobre salud mental desde una perspectiva de
derechos humanos, la mayoría de los países no han desafiado los enfoques
biomédicos de larga data ni los poderes de tratamiento obligatorio.
El marco internacional de
derechos humanos exige que los países adopten un enfoque basado en los derechos
en la legislación sobre salud mental. La salud mental es una preocupación fundamental
de derechos humanos y esencial para hacer realidad el derecho a la salud. La
CDPD refuerza la protección de los estándares internacionales de derechos
humanos en la atención de la salud mental y reconoce que los derechos de las
personas con condiciones de salud mental y discapacidad psicosocial son iguales
a los de cualquier persona. La CDPD crea un entorno legal propicio a partir del
cual desarrollar sistemas de salud mental basados en derechos que prioricen el
empoderamiento de la persona y su participación activa en su propia
recuperación.
Por lo tanto, la legislación
sobre salud mental debe tomar una nueva dirección, alejándose del estrecho
“paradigma biomédico” tradicional que ha contribuido a crear entornos
coercitivos y confinados en los servicios de salud mental ([1]).
Para lograr esto y abrazar plenamente los derechos humanos, la Guía ([2])
propone nuevos enfoques, tales como establecer un mandato claro para que los
sistemas de salud mental adopten enfoques basados en los derechos; habilitar
servicios centrados en la persona y basados en la comunidad; crear conciencia y
desafiar el estigma; erradicar la discriminación y la coerción; promover la
inclusión y participación comunitaria; y desarrollar medidas de rendición de
cuentas.
Cualquier nueva dirección requiere el compromiso y la participación de aquellos con experiencias vividas, incluida la experiencia de un trauma intergeneracional, en la configuración de la ley para reflejar y responder a sus perspectivas en la búsqueda de la recuperación, la reparación y la curación. Este enfoque colaborativo es esencial para crear un sistema de salud mental que respete los derechos humanos, priorice la atención y el apoyo sobre el control y apoye a las personas para que alcancen su máximo potencial.
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[1]
Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of
the highest attainable standard of physical and mental health; Dainius Pūras,
28 March 2017; para. 8 (A/HRC/35/21). Geneva: United Nations, Human Rights
Council 2017 (https://undocs.org/en/A/HRC/35/21, accessed 31 May 2023).
[2] Mental health, human rights and legislation: guidance and practice. Geneva: World Health Organization and the United Nations (represented by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights); 2023.
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